FISCALES PIDEN 12 AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN PERPETUA PARA CRISTINA
El fiscal Diego Luciani dijo que se pedirá la inhibición perpetua para ocupar cargos públicos para las personas acusadas en el caso Vialidad. “A excepción de Lázaro Báez –quien tiene relación con la causa por ser empresario–, se va a solicitar la imposibilidad de ocupar cargos públicos”, mencionó. Previamente, la fiscalía había dicho que la vicepresidenta Cristina Kirchner era la jefa de una asociación ilícita y que sería acusada de fraude al Estado.
Antes del anuncio, Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer que su abogado solicitará la ampliación de su declaración indagatoria para la audiencia de mañana, 23 de agosto. La causa investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos para la realización de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
En la última audiencia de alegatos en el juicio de la «Obra pública», los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron 12 años de cárcel para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y solicitaron la inhabilitación de forma perpetua para ejercer cargos públicos.
El fiscal Diego Luciani adelantó que pedirá que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los exfuncionarios imputados en la causa por la obra pública en Santa Cruz sean inhabilitados de forma perpetua para ejercer cargos públicos.
Por su parte, explicó el fiscal al argumentar la decisión de decomisar los bienes y las ganancias provechas del delito. Y agregó: “Que se proceda al decomiso de 5.321 millones de pesos. Esa suma es la que vamos a solicitar. Equivale a casi 1000 millones de dólares. También vamos a solicitar la actualización de ese monto”.
La fiscalía dijo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner era la jefa de una asociación ilícita y será acusada de fraude al Estado.
La fiscalía pidió también la extracción de testimonios con el objeto de investigar «los delitos de acción pública de la posible connivencia de las empresas Petersen, Esuco, Equimac”. Se trata de empresas que se presentaron en las licitaciones y ofertaban junto a las empresas de Báez y que ahora serán investigadas ante la sospecha de haber participado para simular la existencia de concurso de precios cuando la acusación alega que esas licitaciones estaban direccionadas.
Luiciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.
Antes de solicitar las condenas, el fiscal le habló a los jueces y utilizó su tiempo también para referirse al impacto de la corrupción: «Sin justicia no hay orden ni paz social. Hoy la sociedad reclama justicia. Está en sus manos, señores jueces. Una sentencia ejemplar puede constituir el primer paso para que las instituciones recuperen la confianza», dijo.
«Sin justicia no hay orden ni paz social. Hoy la sociedad reclama justicia. Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia».
«Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia», añadió en dirección a los magistrados del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso, y aprovechó el tiempo también para afirmar que la sociedad debería estar «orgullosa» del trabajo de la fiscalía.
«Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país», aseguró el fiscal en la parte final de su alegato, justo antes de formular los pedidos de pena.
Hoy, el fiscal volvió a referirse, aunque en forma genérica, a los supuestos delitos investigados y a la participación atribuida a cada uno de los imputados.
Los párrafos más críticos se los dedicó a la exmandataria, a quien acuso de haber defraudado «las expectativas de los ciudadanos que la votaron» y a quien le espetó el haber «demostrado desprecio hacia la ciudadanía en general y hacia los ciudadanos de Santa Cruz en especial».
También, antes de pasar al «petitorio», el fiscal le solicitó al tribunal que extraiga testimonios en relación a situaciones ocurridas durante el juicio, a fin de que se investigan posibles delitos de acción pública que hasta aquí no habían sido tratados, como la supuesta participación de las empresas Petersen y Esuco en los hechos.
Para la fiscalía, la constructora Petersen, Thiele & Cruz, de los Eskenazi, y la firma Esuco, de la familia Wagner, se habrían prestado para simular competencia en algunas licitaciones que las empresas de Báez ganaron en Santa Cruz. Carlos Wagner declaró en el juicio como testigo.
Luciani requirió también que se investigue si hubo irregularidades vinculadas a la obra del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos, a partir de conversaciones de whatsapp extraídas del celular de José López, entre el ex funcionario y Abel Fatala.
Allí también pidió que se investigue si de algunos mensajes en particular, utilizado como prueba para su propio alegato, surge la comisión de algún delito.
En la última parte de su alegato, el fiscal pidió tiempo para las últimas reflexiones y considero que «se intentó esconder la corrupción» y que «en los últimos años la corrupción dejó de ser un tema de agenda política» porque «se optó por eludirla».
En ese punto, el fiscal criticó que la Oficina Anticorrupción dejara de ser querellante y la Unidad de información Financiera pidiera la absolución de los acusados y aprovechó el espacio también para cuestionar que la exmandataria hubiera dicho en el juicio que a ella la absolvió «la historia» cuando «bien sabe que es el Poder Judicial» la institución encargada de enjuiciarla.
Antes, el fiscal también le mandó un mensaje al presidente Alberto Fernández, ante las más de 19.000 personas que miraban su alegato por YouTube, cuando lo acusó de haber defendido «puerilmente a su compañera de fórmula» cuando le tocó declarar en calidad de testigo.
El fiscal buscó achacarle que, antes de ser presidente, se hubiera referido en forma crítica, en público, a supuestos temas de corrupción vinculados a la gestión kirchneristas -sobre todo después de la detención de José López- y que en el juicio al que fue convocado hubiera declarado en distinta dirección.
«No hace falta que diga acá que uno de los motivos por los que renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz», dijo Luciani en alusión al presidente de la Nación, a quien, para sorpresa de quienes seguían el juicio, también acusó de «injerencia indebida» en el Poder Judicial porque en su testimonio refirió que las decisiones en materia de contratación pública no son revisables en los tribunales.