Con respaldo en las urnas, el Gobierno lanza un incremento de hasta 35 % en las prestaciones sociales
POR: CANDELARIA OBREGÓN
La medida llega tras la victoria electoral y busca aliviar la presión sobre el sistema de discapacidad y pensiones, mientras el Ejecutivo intenta equilibrar disciplina fiscal con sensibilidad social.
En un contexto marcado por la reciente victoria electoral, el Gobierno nacional anunció un incremento de hasta 35 % en las prestaciones para jubilados, pensionados y beneficiarios por discapacidad. El anuncio, que sorprendió a distintos sectores, fue presentado como una medida de «justicia social y reconocimiento», y llega en un momento en que la administración podría haber optado por mantener la cautela fiscal tras el respaldo en las urnas.
Según los detalles oficiales, el aumento se aplicará a partir del próximo mes, beneficiando a más de 5 millones de personas en todo el país. La medida incluye la actualización de los haberes mínimos y el refuerzo de las pensiones no contributivas, con el objetivo de compensar el impacto de la inflación sobre los ingresos fijos.
El Ejecutivo destacó que el incremento se financiará sin afectar el equilibrio presupuestario, gracias a una reestructuración interna de partidas y a una mayor eficiencia en la administración de los fondos públicos. Desde el Ministerio de Economía señalaron que el objetivo es «mantener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables sin desatender la responsabilidad fiscal».
El anuncio fue recibido con moderado optimismo por los gremios y organizaciones sociales, que valoraron el gesto político en un momento donde se esperaba mayor prudencia. “Es una señal de que el Gobierno no se desentiende de los que más necesitan, incluso después de ganar las elecciones”, afirmaron referentes del sector previsional.
Desde la oposición, en cambio, cuestionaron el momento del anuncio y advirtieron sobre su posible impacto fiscal. Sin embargo, reconocieron que la decisión refuerza la imagen de un oficialismo que busca sostener el apoyo social que lo consolidó en las urnas.
Más allá de la coyuntura, la medida representa un movimiento político y simbólico: el Gobierno elige continuar una línea de gestión centrada en la protección social, aun cuando el respaldo electoral le permitiría postergar decisiones sensibles. Con este aumento, el Ejecutivo reafirma un mensaje claro hacia la sociedad: el voto de confianza recibido no implica relajamiento, sino compromiso con la continuidad del rumbo.