Golpe Judicial: La justicia ordena a la ANDIS restituir todas las pensiones por discapacidad suspendidas a nivel nacional
POR: ANTONELA MONTENEGRO
En un fallo que impacta a miles de argentinos, la justicia federal ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir de manera inmediata todas las pensiones por discapacidad laboral que habían sido suspendidas en todo el país.
La medida, que surge tras cuestionamientos judiciales sobre la legalidad de las auditorías realizadas por la agencia, alcanza a más de 100.000 beneficiarios afectados por las suspensiones masivas.
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez, resolvió que la ANDIS debía restablecer, en un plazo máximo de 24 horas, todas las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas según el Decreto 843/2024. Además, se instruyó que se abonaran los haberes retenidos y que la agencia se abstuviera de continuar con nuevas auditorías o suspensiones mientras no haya una sentencia definitiva en el expediente. La medida, que inicialmente regía solo para Catamarca, se extendió a todo el territorio nacional.
La suspensión de pensiones había generado un amplio rechazo social y político. Organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de personas con discapacidad y defensores del pueblo de varias provincias presentaron acciones legales contra la ANDIS. Los cuestionamientos apuntaron a la falta de notificación adecuada a los beneficiarios, plazos exiguos para presentar documentación y exigencias desproporcionadas para validar las pensiones.
En respuesta al fallo, la ANDIS emitió la Resolución 12621/2025, que dispone dejar sin efecto las suspensiones, reanudar los pagos correspondientes y notificar a las personas beneficiarias. Asimismo, se comunicó la decisión a la ANSES para que reactive los pagos de las prestaciones.
El impacto de la restitución es inmediato y significativo: miles de beneficiarios recuperan sus ingresos y la tranquilidad de contar con un derecho que les había sido arrebatado. Sin embargo, la decisión del gobierno de apelar el fallo genera incertidumbre sobre la continuidad de los pagos y la estabilidad de las pensiones a largo plazo.
Especialistas y organizaciones de la sociedad civil destacan la necesidad de revisar las políticas públicas en materia de discapacidad, garantizando transparencia, equidad y respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Mientras tanto, los beneficiarios deben confirmar la reactivación de sus pagos y conservar toda la documentación relacionada con sus pensiones.
Este fallo marca un hito en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Argentina, dejando en claro que la justicia puede frenar decisiones arbitrarias y restituir derechos vulnerados. La expectativa ahora se centra en que las autoridades trabajen de manera conjunta con la sociedad civil para evitar que episodios como este vuelvan a repetirse.
