Mucho control, poca constancia: la batalla vial que Curuzú aún no logra ganar

La medida, impulsada por el municipio tras distintos operativos, fue aplaudida por una amplia mayoría de vecinos, especialmente por el impacto negativo que los llamados “escapes libres” generan en la salud, en el descanso y, de manera particular, en personas con trastornos del espectro autista.

El ruido excesivo, las picadas y los cortes nocturnos forman parte de una realidad que durante años deterioró la convivencia urbana. En ese contexto, la decisión de avanzar contra este tipo de prácticas aparece como una respuesta lógica a un reclamo social sostenido. Sin embargo, el debate no se agota en la destrucción de escapes.

Curuzú arrastra desde hace tiempo un problema más profundo: la falta de una política vial constante y sostenida. Los controles se intensifican por temporadas y luego desaparecen casi por completo. Esa intermitencia termina vaciando de eficacia cualquier intento de generar hábitos de conducta social. Pasan los años y la imagen sigue repitiéndose: conductores sin casco, documentación incompleta y una ciudad que no logra incorporar la seguridad vial como parte de su vida cotidiana.

Las sospechas y críticas que emergen desde distintos sectores no son nuevas. Muchos vecinos sostienen que los operativos suelen concentrarse en horarios estratégicos —ingresos y salidas laborales, horarios escolares— y que, lejos de apuntar a quienes protagonizan conductas peligrosas, terminan afectando principalmente a trabajadores. A eso se suma otra percepción extendida: la elección selectiva de motos nuevas para controles y secuestros, con multas elevadas que, para gran parte de la población, resultan imposibles de afrontar. El resultado, en no pocos casos, es la pérdida del vehículo que aún se está pagando en cuotas.

La consecuencia es clara: se castiga, pero no se educa; se interrumpe, pero no se sostiene. Ni siquiera las campañas de concientización lograron modificar conductas de fondo, del mismo modo que ocurrió con otras políticas públicas que quedaron a mitad de camino, como la separación de residuos domiciliarios.

A este escenario se suma un dato que erosiona la autoridad moral del control: en actos políticos y caravanas oficiales se han observado motos con escapes libres circulando sin consecuencias, incluso en presencia de quienes hoy ejercen el poder. Esa doble vara alimenta la desconfianza social y refuerza la idea de que la aplicación de la ley depende más del contexto político que de una convicción real.

El dilema es evidente y también se discute en los pasillos del poder: cada vez que se intensifican los operativos, crece el malestar en los sectores populares y se resiente la imagen pública de la gestión. Tal vez allí radique la explicación de los controles intermitentes y la falta de continuidad.

La pregunta entonces no es si los controles son necesarios —lo son— sino cómo hacerlos eficaces. ¿Operativos masivos, cotidianos y sostenidos durante al menos un año? ¿Un enfoque gradual que priorice la educación, establezca plazos claros de corrección y reserve el secuestro para casos extremos de rebeldía? ¿Una política sin excepciones ni especulación electoral?

La experiencia indica que el hábito no se construye con golpes aislados, sino con presencia constante. Ganar la batalla vial implica cansar a la mala conducta, no solo castigarla. Pero para eso hace falta una decisión política firme, coherente y sostenida en el tiempo.

Hoy Curuzú Cuatiá sigue atrapada entre la necesidad de ordenar y el temor al costo político. Mientras tanto, la seguridad vial continúa siendo una deuda pendiente