Fallo judicial confirma la entrega a la Municipalidad de Curuzú Cuatiá de un auto y un complejo de departamentos embargados a un exfuncionario
Tras años de investigación y un proceso judicial que se extendió por más de una década, un fallo del Poder Judicial de Corrientes confirmó la entrega definitiva a la Municipalidad de Curuzú Cuatiá de bienes embargados a un exfuncionario municipal, en el marco de una causa por malversación de fondos
La resolución, que elevó a firme la disposición de la Justicia, oficializa la transferencia del uso pleno de un complejo de 15 departamentos y un automóvil Peugeot 307 que habían sido embargados al ex secretario de Obras Públicas local, identificado como Ramón Eduardo Ocampo.
Estos bienes estaban bajo custodia de la Municipalidad desde que el embargo fue dispuesto como medida preventiva en el marco de la causa penal, y eran utilizados por la gestión comunal en diferentes funciones administrativas. Con el fallo definitivo, la Justicia envió a la comuna un oficio formal que hace efectiva la entrega final de los inmuebles y el vehículo, consolidando así su incorporación al patrimonio municipal.
El abogado asesor de la Municipalidad, Leonardo Martínez, confirmó la noticia y explicó que el fallo judicial ratifica un proceso que se inició tras la condena al exfuncionario, quien fue hallado culpable de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública en un juicio abreviado.
La causa se había iniciado años atrás luego de que la Fiscalía detectara un incremento patrimonial sustancial del ex secretario, muy por encima de sus ingresos registrados, y que vinculaba la adquisición del complejo de departamentos y del automóvil con recursos obtenidos de manera irregular.
El embargo de bienes fue dispuesto por el Tribunal Oral de Mercedes y alcanza un valor estimado por la Justicia superior a los 400.000 dólares, entre los inmuebles y el rodado.
Desde la Municipalidad de Curuzú Cuatiá señalaron que el fallo representa un paso más en el resguardo del patrimonio público, después de años de dilaciones procesales y recursos que retrasaron la finalización de la causa.
La Justicia provincial refrendó así una decisión que, argumentaron fuentes judiciales, busca recuperar bienes que no pudieron justificarse como parte del patrimonio legítimo del funcionario condenado, con el objetivo de que esos activos reviertan en beneficio de la comunidad local.
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