Más de 500 Planes Potenciar Trabajo en Corrientes serán dados de baja
Una denuncia presentada por el fiscal Guillermo Marijuan ha revelado incompatibilidades en la asignación de 518 planes Potenciar Trabajo en la provincia de Corrientes. La investigación, que se centra en empleados públicos de la provincia que percibían estos beneficios, apunta a depurar el padrón y eliminar irregularidades para garantizar que la ayuda social alcance a quienes más la necesitan.
El informe, publicado por infobae.com, destaca que esta situación representa una erogación irregular de más de siete mil millones de pesos, generando preocupación sobre la transparencia y eficiencia en la distribución de recursos destinados a programas sociales.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, prepara una resolución para dar de baja estos 518 planes en Corrientes, en consonancia con la solicitud de la justicia. La fiscalía ha enviado un requerimiento a los fiscales federales de Corrientes para proceder con la suspensión de estos planes, buscando depurar el padrón y eliminar cualquier irregularidad.
Esta acción se enmarca en una investigación más amplia sobre incompatibilidades en el programa Potenciar Trabajo, que ya ha detectado más de 8.500 casos similares en otras 10 provincias. El objetivo es garantizar que la ayuda social llegue efectivamente a las personas más vulnerables y fortalecer la integridad de los programas de asistencia.
La lista de provincias involucradas y la cantidad de beneficiarios que son empleados públicos incluyen:
- Tucumán: 1,145 empleados provinciales cobrando el Potenciar Trabajo.
- La Rioja: 1,060 (303 de planta permanente y 757 contratados).
- Jujuy: 652.
- Corrientes: 518.
- Salta: 434.
- Río Negro: 198.
- Córdoba: 194.
- Formosa: 180.
- Santa Cruz: 128.
Estos casos representan una incompatibilidad con las normativas del programa, que prohíben la participación de trabajadores formales o empleados públicos. La detección de estas irregularidades destaca la necesidad de una gestión más rigurosa y transparente en la asignación de recursos para programas sociales, con el objetivo de asegurar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan y evitar malversaciones o abusos del sistema.
