Venezuela y Estados Unidos: un conflicto que no se apaga

En la memoria reciente de América Latina, pocas disputas internacionales han sido tan constantes y tensas como la que atraviesan Venezuela y Estados Unidos. Lo que empezó como un choque diplomático en 2019, con la Casa Blanca reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo y el régimen de Nicolás Maduro expulsando a los representantes estadounidenses, derivó en un quiebre profundo que se mantiene hasta hoy. Desde entonces, Venezuela y EE.UU. no tienen relaciones formales, y quienes viajan al país sudamericano lo hacen sin el respaldo de ninguna embajada ni consulado norteamericano.

Ese vacío no es un detalle menor: significa que en suelo venezolano, cualquier ciudadano estadounidense queda a merced de un sistema judicial cuestionado y sin garantías. A lo largo de estos años, los reportes de detenciones arbitrarias, desapariciones temporales, torturas y secuestros se multiplicaron. La advertencia de Washington fue clara: viajar a Venezuela es exponerse a un escenario de riesgo extremo.

Con el correr del tiempo, la tensión escaló en distintas campañas. Primero, el gobierno de EE.UU. lanzó alertas de viaje de nivel máximo, el más alto de su escala: “No viajar”. Luego, avanzó con medidas económicas, sanciones y un bloqueo cada vez más duro que buscaba presionar al régimen chavista. Más tarde, en 2020 y 2021, se intensificó la ofensiva diplomática con acusaciones directas: Maduro y Diosdado Cabello fueron señalados como líderes del llamado “Cartel de los Soles”, una red de narcotráfico con proyección internacional.

En 2023 y 2024, la Casa Blanca llevó la campaña a un terreno aún más delicado: la seguridad hemisférica. Declaró al régimen de Caracas como amenaza narcoterrorista, ofreció recompensas millonarias por información que conduzca a la captura de altos funcionarios y desplegó operaciones militares de control en aguas cercanas al Caribe. Cada paso fue leído como un mensaje: Washington no solo no reconoce a Maduro, sino que lo persigue como a un enemigo.

La más reciente movida, en agosto de 2025, terminó de encender las alarmas: el Departamento de Estado ordenó de manera explícita no viajar a Venezuela bajo ninguna circunstancia. Entre las razones expuestas, se enumeran riesgos de terrorismo, crimen organizado, ausencia de servicios básicos —como salud, transporte, combustible y agua— y, sobre todo, la posibilidad real de ser arrestado sin explicación y sin derecho a asistencia legal.

Este pulso, que hoy parece más áspero que nunca, tiene ecos de otra época. A fines del siglo XIX, durante la llamada Crisis del Esequibo de 1895, Estados Unidos intervino en una disputa territorial entre Venezuela y el Reino Unido, usando la Doctrina Monroe como argumento. Aquel episodio marcó un precedente: Washington no duda en proyectar su influencia directa en los asuntos venezolanos cuando considera que están en juego intereses estratégicos.

Hoy, más de un siglo después, la historia se reescribe con otros matices. La disputa ya no es por un territorio, sino por un modelo político y económico. Venezuela resiste aislada, acusada de narcoterrorismo y bajo sanciones asfixiantes. Estados Unidos redobla sus campañas diplomáticas, económicas, militares y de propaganda, dejando en claro que no dará tregua.

Para el ciudadano común, especialmente para aquel que no sigue el pulso de la política internacional, lo que queda claro es que este conflicto no es un simple desencuentro entre gobiernos. Se trata de una confrontación de largo aliento, con múltiples frentes abiertos, que impacta en la seguridad, la movilidad, la economía y el futuro de toda una región.