SAUCE – Denuncia penal por presunto peculado complica a la conducción municipal
POR: NATALIA QUIROZ
La situación política e institucional de Sauce sumó un nuevo capítulo tras la presentación de una denuncia penal por presunto peculado contra el intendente Carlos Romano y el auditor municipal Pablo Gauna.
La acción judicial fue radicada en Curuzú Cuatiá y profundiza un escenario que desde hace años arrastra cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos.
Gauna, quien continúa en funciones luego de haber sido ratificado por el Concejo Deliberante el año pasado, ya enfrenta un procesamiento previo por abuso de autoridad y espera la realización de su juicio oral. Su situación judicial vuelve a quedar en el centro de la escena, ahora vinculada a presuntas irregularidades en la administración de fondos municipales.
El caso también salpica a la exintendenta y actual concejal Irma Obregón Torossi, quien en los próximos días asumiría como viceintendente. Su nombre aparece mencionado dentro del proceso que investiga una serie de desmanejos administrativos que, según se señala, se remontarían a más de ocho años.
La denuncia presentada expone un presunto patrón de desorden en las cuentas públicas, acompañado por la existencia de múltiples proveedores que, a lo largo de este tiempo, habrían emitido facturaciones elevadas e incluso sobrefacturaciones por servicios a la municipalidad. Estas maniobras habrían generado dudas sobre la transparencia del circuito administrativo y sobre el destino final de importantes montos gestionados por la comuna.
No es la primera vez que se intenta avanzar en una investigación profunda sobre el manejo de fondos en Sauce. Sin embargo, los expedientes abiertos en años anteriores tuvieron un progreso lento, hecho que algunos atribuyen a dificultades tanto en el ámbito político como judicial. La nueva presentación busca reactivar el tema y marcar un punto de inflexión para esclarecer responsabilidades y determinar si existió un uso indebido de recursos que deberían haber estado destinados a la comunidad.
El expediente ahora queda en manos del Poder Judicial, que deberá impulsar las medidas necesarias para analizar documentación, contratos y movimientos administrativos que permitan determinar si existieron conductas ilícitas o si se trata de irregularidades de otro carácter dentro de la gestión pública local.
