Docentes ganan una pulseada clave: Gobierno elimina los descuentos
En medio de un clima cargado de malestar y versiones contradictorias, finalmente se concretó este martes al mediodía la reunión entre los sindicatos docentes y la ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, en la sede de la cartera provincial.
El encuentro llegó después de días de tensión, marcados por declaraciones del gobernador Juan Pablo Valdés sobre una supuesta reunión previa que los propios gremios habían salido a desmentir públicamente.
La reunión, que había sido solicitada formalmente el pasado 10 de abril, se transformó en un punto de inflexión dentro del conflicto. Allí, los representantes de ACDP, SUTECO y AMET recibieron una copia del Decreto N° 760, firmado por el mandatario provincial, que deja sin efecto el artículo 4 del Decreto N° 355/2024, una herramienta que había habilitado descuentos de hasta el 70% en los haberes de marzo para los docentes que adhirieron al paro del inicio del ciclo lectivo 2026.
Desde el Gobierno provincial, la ministra Miño expuso el encuentro como parte de una “agenda de trabajo conjunta”, remarcando la continuidad del diálogo como eje de gestión. A través de sus redes, sostuvo que el objetivo es construir acuerdos y fortalecer el sistema educativo, insistiendo en que “escuchar y estar cerca es la prioridad”.
Sin embargo, más allá del tono institucional, el dato político y sindical más fuerte surgió desde el propio sector docente. Hasta el momento, fue AMET Corrientes el único gremio que se expresó tras la reunión, y lo hizo en términos contundentes. Su secretario general, Rufino Fernández, confirmó la derogación del mecanismo que permitía los descuentos salariales y lo definió como “un logro de la unidad docente”, interpretándolo como una respuesta directa a la presión ejercida en las últimas semanas.
El dirigente fue más allá y calificó la medida como “un acto de justicia” en defensa del salario docente, dejando en claro que el conflicto no solo tenía un componente económico, sino también simbólico, vinculado al derecho a la protesta y a la legitimidad del reclamo.
Con este movimiento, el Gobierno provincial desactiva uno de los puntos más sensibles del conflicto, aunque el escenario todavía deja interrogantes abiertos sobre cómo continuará la relación con los gremios y si este gesto alcanzará para encauzar definitivamente la situación.
