Allanamientos en Curuzú Cuatiá tras una denuncia escolar: secuestran municiones y un arma de juguete en una causa por intimidación pública
Una investigación iniciada a partir de una denuncia realizada por autoridades del Colegio Secundario Barnidio Abelardo Sorribes derivó este martes en dos allanamientos simultáneos en Curuzú Cuatiá, con resultados positivos para la causa y creciente preocupación por lo ocurrido dentro del ámbito educativo.
Los procedimientos fueron encabezados por personal de la División de Investigación Criminal, bajo la conducción del Comisario Inspector Roberto Ayala, y se concretaron durante la siesta en domicilios ubicados en los barrios 40 Viviendas y Suboficiales. En ambos casos hubo secuestro de elementos considerados de interés para el expediente.
Según se informó, en una de las viviendas se incautaron cuatro proyectiles calibre 9 milímetros y un teléfono celular. En el otro operativo se halló un objeto con apariencia de arma de fuego, que luego fue identificado como una réplica de juguete de plástico negro.
El dato que encendió la alarma
De acuerdo a las primeras averiguaciones, esa arma de juguete habría sido llevada por un menor de edad que intentó ingresar con ella al establecimiento educativo. La situación fue advertida a tiempo mediante controles preventivos realizados en conjunto entre personal policial y autoridades escolares, quienes solicitaron la revisión de mochilas.
El episodio se da en un contexto de especial sensibilidad en distintas provincias argentinas, donde en los últimos días se reportaron amenazas, mensajes intimidatorios y hechos vinculados a supuestos ataques escolares difundidos por redes sociales o pintadas anónimas.
Un antecedente reciente en la ciudad
En Curuzú Cuatiá ya se habían conocido días atrás intervenciones policiales por amenazas y mensajes alarmantes en otros establecimientos educativos, lo que derivó en protocolos preventivos y seguimiento judicial.
Ese escenario explica la rápida reacción institucional ante cualquier señal de riesgo dentro de las escuelas.
Cómo sigue la causa
Los allanamientos se realizaron con intervención de la fiscal Belén Arrúa, titular de la UFIC local, y colaboración de efectivos de Comisaría Primera. La causa fue caratulada como “Intimidación Pública”, figura prevista en el artículo 211 del Código Penal.
Ahora la investigación buscará determinar responsabilidades, el origen de los elementos secuestrados y si existió intención concreta de generar temor o alterar el normal funcionamiento de la comunidad educativa.
Preocupación y mensaje preventivo
El hecho volvió a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer controles, diálogo familiar, acompañamiento escolar y uso responsable de redes sociales. En tiempos donde una falsa amenaza también genera consecuencias reales, la prevención pasó a ser una prioridad.
